El Ministerio de Cultura prohíbe divulgar los nombres de los miembros de la Comisión Sinde

El Ministerio de Cultura prohíbe divulgar los nombres de los miembros de la Comisión Sinde

El Ministerio de Cultura ha amenazado al abogado David Bravo con una multa si revela los nombres de las personas que conforman la Comisión que aplica la Ley Sinde-Wert. Bravo se ha hecho conocido en los medios por ser el abogado de multitud de páginas web acusadas de pirateríay por su defensa de la libertad intercambio de archivos.

El abogado ha explicado que los integrantes de esta Comisión son desconocidos para el público, a pesar de que sus nombres tienen un importante interés. Y es que los miembros de esta Comisión son los que deciden qué contenidos pueden albergarse en una página web y cuales no.

La supuesta amenaza se ha llevado a cabo en una carta que el abogado recibió tras pedir conocer el nombre de los integrantes de la comisión. En ella se detalla que Bravo podría ser multado por infringir la Ley de Protección de Datos, y que se podrían incluso abrir más investigaciones por la vía administrativa y penal si decide hacer públicas sus identidades. Para el abogado esta carta es una clara amenaza por parte de la Comisión Sinde, y podría incurrir en un “delito de amenazas del artículo 171.1 del Código Penal”.

La identidad de los miembros de esta Comisión es materia polémica desde su creación en marzo de este año. Y es que en aplicación de la Ley Sinde, esta comisión es la que tramita los expedientes y decide que páginas deben recibir avisos para retirar contenidos, sin que sea necesaria la presencia de un juez en esta parte del proceso. Por eso, las asociaciones de internautas y los abogados especialistas como Bravo consideran que conocer la identidad de estas personas es fundamental para garantizar la transparencia del proceso, algo a lo que el Ministerio de Cultura se ha negado en más de una ocasión.

De los miembros de la Comisión de la Propiedad Intelectual, como se llama oficialmente, sólo se conoce el nombre de su presidenta: Teresa Lizaranzu. Su nombre también vino acompañado de polémica, ya que no se le conoce ninguna vinculación con el mundo de Internet y la propiedad intelectual hasta su nombramiento. Lizaranzu proviene de la carrera diplomática y fue nombrada poco después de la llegada del Partido Popular al poder tras las elecciones de noviembre de 2011.

Sin embargo, desde el Ministerio han afirmado repetidamente que el resto de los miembros de esta comisión son funcionarios de carrera con gran experiencia en este mundo, aunque no consideran que revelar sus nombres sea importante para la opinión pública.

La Ley Sinde-Wert entró en vigor el pasado 1 de marzo, y de momento no ha provocado el cierre de ninguna web. No obstante, ya en abril había más de 300 páginas web denunciadas y varias han tenido que retirar algunos enlaces. Además, varias webs han denunciado prácticas irregulares, como la imposibilidad para presentar recursos por errores informáticos o márgenes de tiempo de apenas 48 horas para redactarlos.